En 2022 el Tribunal Supremo dictó sentencia, condenando a los centros de aborto por engañar a las mujeres a través de su publicidad; con ella, les hacían creer que la interrupción del embarazo no dejaba ninguna secuela.

Esta sentencia abre la puerta al cobro de indemnizaciones por parte de las mujeres, que tras haberse sometido a un aborto, han quedado marcadas física o psicológicamente por aquella intervención.

Desde la legalización del aborto en nuestro país son muchas las mujeres que se han sometido a esta intervención, enfrentándose después a las dramáticas consecuencias que ésta les ha provocado.

Algunas no vinculan su malestar o sufrimiento con el aborto, otras no saben que existe la posibilidad de reclamar a los centros por los daños que les han producido.